Gran sorpresa en el Consejo Interterritorial de Salud, que debatió el plan antitabaco 2024-2027. Después de días en los que parecía que las comunidades lideradas por el PP se desmarcaban completamente del citado plan (que habían elaborado sus propios técnicos) alegando que todo era muy precipitado, que no tenía financiación y otros motivos similares (incluso se dijo (que el plan no había escuchado a la industria tabacalera), los concejales del PP mostraron su apoyo inquebrantable a este plan, que pretende reducir el consumo de tabaco y sus productos y, sobre todo, frenar la introducción del tabaquismo entre los más jóvenes. Cataluña, País Vasco, Asturias, Navarra y Canarias fueron los únicos que habían dicho sí de antemano.
Tanto es así que el consejero de Galicia, Julio García Comesaña, lo calificó ayer de «importante para la lucha» contra esta adicción.
¿Qué ha cambiado para que este apoyo se produzca ahora? Pues bien, según Comesaña, que se ha convertido en esta ocasión en portavoz de los concejales del PP, el equipo de la ministra Mónica García ha incluido en el texto que el dinero que se recaude cuando se suban los impuestos al tabaco a los niveles de la mayoría de países europeos (alrededor de 8 o 10 euros por paquete) se destinará a la lucha contra el tabaquismo.
Y que la ministra también ha escuchado otra de sus demandas, que cuando se elabore la norma que establezca los nuevos espacios libres de humo se tenga en cuenta las actuaciones que se llevan a cabo en las comunidades autónomas y que no todo será «prohibir y prohibir». «. El PP es partidario de la autorregulación, pero la ministra defiende que la evidencia demuestra que la autorregulación no funciona en salud pública.
Los concejales del PP reconocen ahora que el plan es obra de todos, incluidas las comunidades, y como prueba de ello han incluido más del 90 por ciento de sus alegaciones. Una satisfacción sorprendente porque horas antes se masticaba el rechazo a un plan que ya incluía las alegaciones de las comunidades autónomas.
Sea como fuere, la realidad es que el plan antitabaco está en marcha y que, a partir de ahora, está en manos del Gobierno desarrollar las leyes que lo acompañan: nuevos espacios libres de humo, equiparando los electrónicos cigarrillo con los tradicionales, y trabajar con Hacienda para aumentar claramente los impuestos a estos productos y que ese aumento se destine al tabaquismo.
Y, según García, no pasará mucho tiempo para que estas normas comiencen a redactarse y pasen a audiencia pública. El objetivo es que sean aprobados lo antes posible para «darle vida a la vida», indicó.
A partir de este momento, el plan empieza a depender, en lo que a normativa se refiere, de manos del Gobierno y del Parlamento, es decir, las comunidades tendrán poco que decir y la discusión se centrará en los partidos políticos. Ellos son quienes decidirán finalmente si las terrazas serán espacios libres de humo.
